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Os dejamos a continuación el artículo "NOTAS CRÍTICAS SOBRE ALGUNAS DE LAS MODIFICACIONES LLEVADAS A CABO POR LA LEY 34/2015 DE 21 DE SEPTIEMRE DE MODIFICACIÓN PARCIAL DE LA LEY GENERAL TRIBUTARIA" publicado en la revista "Quincena Fiscal" de Aranzadis escrito por el Socio Director de este despacho D. antonio Delgado González y al cual podíes acceder en el siguiente enlace:

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Interesante, por cualitativo, el fallo del Tribunal Económico Administrativo Regional de Andalucía que hemos tenido noticia del mismo, de mayo de 2013, en el cual se concluye que el obligado al pago del Impuesto sobre Actos Jurídicos(IAJD) que se devenga en la formalización de una hipoteca inmobiliaria voluntaria por un contribuyente,  en garantía de una deuda contraída con la Hacienda Pública, es la propia Agencia Tributaria, en lugar del contribuyente,  como venía manteniendo la Dirección General de Tributos en algunos pronunciamientos del año 2010 y 2012 así como algunos Tribunales Superiores de Justicia. Ello sin perjuicio de que la Agencia Tributaria se encuentra exenta del pago del Impuesto.

Con este pronunciamiento se viene a aligerar la carga del maltrecho contribuyente que solicitó un aplazamiento-fraccionamiento del pago de sus impuestos. Por tanto, damos la bienvenida al citado fallo.

No obstante, no descartamos que la propia Agencia Tributaria Andaluza continúe notificando liquidaciones por el IAJD en las constituciones de hipotecas inmobiliarias en garantías de aplazamientos-fraccionamientos. Recomendamos obviamente impugnación.

En Sevilla a 25 de Octubre de 2013

 

Fdo. Antonio M. Puntas Prado

  Economista. Bufete Delgado-Lamet&Asociados

La Ley 35/2006 del IRPF contempla una bonificación fiscal, consistente en una exención del 40% de los rendimientos del trabajo percibidos,  que hayan sido generados en un plazo superior a 2 años y que no se obtengan de forma periódica o recurrente.

La Dirección  General de Tributos, en una reciente consulta vinculante de 12 de julio de 2013, rechaza la aplicación del citado incentivo a las cantidades percibidas por un empleado por la consecución de los objetivos impuestos por la dirección de la empresa, aun cuando los mismos tuvieron un periodo de generación superior a dos años al apreciar el Centro Directivo que concurría periodicidad y recurrencia.

El Tribunal Constitucional, en Sentencia de 11 de julio de 2013, ha declarado constitucional la tipificación de las infracciones y el régimen sancionador previstos en la Ley del Impuesto de Sociedades en relación con el incumplimiento de la obligación de documentación de las operaciones vinculadas.

No obstante, la Sentencia deja abierta una posible ilegalidad del Reglamento del Impuesto de Sociedades en su regulación de las obligaciones de documentación y su conexión con el régimen sancionador al efecto previsto en la Ley, cuestión que tendrá que resolver el Tribunal Supremo.

Y por último, se recuerda que corresponde a los jueces y tribunales, en cada caso, el análisis de la proporcionalidad entre la sanción y la infracción por incumplimiento de la obligación de documentación.

Antonio Ragel

Abogado

Así recoge textualmente el Diario Expansión del jueves 6 de junio, haciéndose eco del estudio elaborado por el Registro de Economistas y Asesores Fiscales,  en el cual se indica que en el Impuesto sobre Sociedades se han  realizado 70 cambios legales en los últimos cuatro años. Desde esta asociación se recomienda una reforma amplia que introduzca transparencia, sencillez y sobre todo seguridad jurídica. Las modificaciones introducidas, la ambigüedad de las mismas empleando una deficiencia técnica jurídica, producen inseguridad jurídica a las empresas y a sus asesores en cuanto a la recomendación de las mismas. Sugieren al Gobierno desde la Asociación acercar el resultado contable a la base imponible del ejercicio, reduciéndose los cuantiosos ajustes que se realizan al resultado para determinar aquella. Bajar el tipo nominal, revisar algunos regímenes especiales y priorizar algunas deducciones. Esperaremos acontecimientos…….   En Sevilla. Junio de 2013  

Fdo. Antonio M. Puntas Prado

Economista. Bufete Delgado-Lamet&Asociados

La entrega por una persona de un inmueble valorado en 90.000 Euros,  a la entidad financiera para cancelar íntegramente la deuda que mantiene con la misma, por importe de 200.000 Euros,   no es una donación, por la diferencia existente entre la deuda que se cancela con la entrega, 200.000 Euros y la valoración dada al inmueble, 90.000 Euros.

La operación está sujeta al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas, siendo el sujeto pasivo el adquirente, la entidad financiera.

Resume la Dirección General de Tributos en consulta de 13 de marzo de 2013 la tributación en IRPF que se determina cuando una pensión compensatoria vitalicia aprobada judicialmente a favor de un cónyuge se paga de una sola vez capitalizándola mediante la adjudicación de un inmueble.

Para el pagador, la cesión de la propiedad del inmueble da derecho a la reducción de la base imponible general del impuesto y, de haber remanente, también de la base imponible del ahorro, sin que ninguna de las bases anteriores pueda resultar negativa. Además, la transmisión del inmueble le generará una ganancia o pérdida patrimonial.

Para el perceptor, se trata de un rendimiento de trabajo con derecho a la reducción del 40% por considerarse obtenido de forma notoriamente irregular en el tiempo.

Antonio Ragel

Abogado

Miércoles, 22 Mayo 2013 19:10

¡MIEDO DEBE DAR A LAS EMPRESAS¡

Así debe ser nada más leer el titular del Diario Expansión del jueves 2 de mayo:

Hacienda prepara un nuevo recargo fiscal de 3.000 millones en Sociedades

El pasado 21 de noviembre de 2012 fue publicada en el BOE la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que vienen a aplicarse determinadas tasas por el acceso a la tutela judicial.

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-14301

La primera dificultad que ha supuesto la publicación de la norma es la de situar el momento a partir del cual ésta será aplicada en la práctica. Efectivamente, aunque la norma prevé su entrada en vigor el día posterior a su publicación (22 de noviembre de 2012), no es posible en la actualidad liquidar su importe, ya que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas todavía no ha publicado la Orden que regulará los procesos y formularios de autoliquidación de la Tasa.

Damos a conocer la resolución plenamente estimatoria de un procedimiento llevado por este Bufete contra el Ayuntamiento de Sevilla,  en relación con el Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

El contribuyente en cuestión recibió en Enero del año 2012 y por primera vez “y sin anestesia”, las liquidaciones por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles correspondientes al propio año 2012  y por los años 2011, 2010, 2009, 2008 y 2007, cuando era propietario del inmueble objeto de gravamen desde hacía bastante tiempo.

Por este Bufete entendíamos que no era ajustado a Derecho la liquidación del IBI recibida por el ejercicio 2007,  por concurrir la figura de la prescripción.

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