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Hacienda : No vale "pájaro que vuela a la cazuela". Es decir, no toda liquidación provisional, acta de inspección, que resulte cuota a ingresar, debe de llevar inexorablemente una sanción a ingresar a la Hacienda Pública. No.

Eso es lo que viene a sostener el Tribunal Supremo en dos recientes Sentencias que traemos a colación .

Sentencia de 28 de abril de 2016 y Sentencia de 4 de julio de 2016, , en las cuales el Alto Tribunal viene a concluir que el ´órgano sancionador debe en primer lugar probar la culpabilidad del contribuyente y tiene la carga de ello y además debe valorar la intencionalidad concreta del contribuyente en la conducta que se le imputa, no siendo suficiente la simple y genérica afirmación que siempre es la misma, por el corta y pega, de que no se aprecian dudas interpretativas razonables.

Por tanto, damos la bienvenida al criterio del Tribunal Supremo.

En una reciente e importante Sentencia del Tribunal Supremo ha resuelto una cuestión que venía siendo un quebradero de cabeza para las familias empresarias. La siguiente :

Para aplicar la bonificación en el Impuesto sobre Sucesiones no será necesario que los herederos( descendientes) titulen participación alguna en el capital social de la empresa en cuestión. En su lugar, con ser directivos, podrían aplicar la bonificación.

Por tanto, el heredero no tiene por que ser socio previamente para aplicar la bonificación en el Impuesto sobre Sucesiones como concluye el Alto Tribunal.

Damos la bienvenida al fallo del Tribunal Supremo.

El valor de adquisición a efectos de determinar la ganancia patrimonial derivada de la venta de un inmueble es el valor real por el que se adquirió ese inmueble. Si este valor de adquisición fue comprobado a efectos del ITPAJD, por la correspondiente Consejería de Hacienda de la correspondiente Comunidad Autónoma, se tomará este, al vincular a la Administración.

Eso es lo que viene a confirmar el Tribunal Supremo en una sentencia de diciembre de 2015 , que confirma otra de de enero del mismo año.

Por tanto, "para las duras y las maduras" debe de prevalecer el valor comprobado a efectos del ITPAJD para determinar la ganancia patrimonial a efectos del IRPF derivada de la transmisión del citado inmueble.

Por tanto, buena Sentencia del Alto Tribunal

La Agencia Tributaria no podrá impedir el aplazamiento de deudas por el hecho de que la empresa se encuentre declarada en concurso de acreedores, así lo confirma la reciente Sentencia del Tribunal Supremo, la cual recoge el caso de una compañía que solicitó el aplazamiento de sus deudas tributarias encontrándose en situación de concurso de acreedores y le fue denegado con el único argumento de la existencia de dificultades económico-financieras de carácter estructural, las cuales se desprendían de la situación de concurso.

El Alto Tribunal estima el recurso y se pronuncia al respecto afirmando que:

<< La declaración en concurso del deudor no lleva automáticamente como consecuencia que su insolvencia sea estructural. Todo lo contrario, un concurso voluntario con convenio aprobado revela una situación llamada a ser superada >>

Por tanto, damos la bienvenida al fallo .

El Tribunal Supremo ha realizado una importante aclaración a la sentencia en la que declaraba nulas todas las cláusulas suelo que no cumplieran con los criterios de transparencia y ha concluido que no se restituirán las cantidades cobradas indebidamente por la inserción de esta cláusula en los contratos de préstamo hipotecario anteriores al 9 de mayo de 2013 y que tanta discrepancia estaba causando sobre el asunto entre los jueces por la disparidad de interpretaciones en las sentencias dictadas.

El Alto Tribunal ha apelado al "trastorno económico" que supondría para la banca devolver todo lo cobrado de más por las cláusulas suelo de hipotecas declaradas abusiva sentando doctrina en este sentido y declarando la irretroactividad de su decisión e insiste en que su sentencia de 9 de mayo de 2013 ya fijó doctrina "para todos aquellos supuestos en que resulte, tras su examen, el carácter abusivo de una cláusula suelo".

Los tribunales favorables a la devolución de las cantidades también se aferraban a que los casos individuales no suponían "el trastorno grave para el orden económico" que invocó hace dos años el Supremo para declarar la irretroactividad de su sentencia. A ello, el Supremo responde que "la afectación al orden público económico no nace de la suma a devolver en un singular procedimiento, que puede resultar ridícula en términos macroeconómicos, sino por la suma de los muchos miles de procedimientos tramitados y en tramitación con análogo objeto".

La sentencia establece que, cuando "se declare abusiva y, por ende, nula la denominada cláusula suelo (...), procederá la restitución al prestatario de los intereses que hubiese pagado en aplicación de dicha cláusula a partir de la fecha de publicación de la sentencia de 9 de mayo de 2013".

El Bufete Delgado, Lamet & Asociados tiene una amplia experiencia en la llevanza de procedimientos hipotecarios y de cláusulas suelo, motivo por el cual recomendamos a nuestros lectores que si creen que en su contrato de préstamo hipotecario existe una “cláusula suelo” se pongan inmediatamente en contacto con este Bufete con el fin de estudiar su caso para eliminar la cláusula suelo de su hipoteca y lo que es más importante reclamar las cantidades cobradas indebidamente desde el 9 de mayo de 2013.

Miércoles, 04 Marzo 2015 00:00

CUIDADO CON LA TARJETA DEL EL CORTE INGLES

La Oficina Nacional de Investigación del Fraude requirió en el año 2008 a El Corte Inglés para que le enviara detalle de todos los titulares de su tarjeta que habían realizado compras superiores a 30.000 Euros durante los años 2006 y 2007.

El Corte Inglés se negó y recurrió. Ahora el Tribunal Supremo en una reciente Sentencia, ha dado la razón a Hacienda obligando a El Corte Inglés que identifique a los titulares que hayan efectuado pagos con la tarjeta de compra superiores a 30.000 Euros.

El derecho a la intimidad personal y al honor, alegatos de El Corte Inglés, ¿dónde quedan?

Jueves, 27 Noviembre 2014 00:00

NOTICIAS JURÍDICAS DESTACADAS NOVIEMBRE 2014

"El PSOE pide auditar la amnistía fiscal para detectar corruptos"

Expansión lunes 3 de noviembre de 2014, página 29.

¿Conoce Don Pedro Sánchez el principio de confianza legítima?

A la luz de su propuesta parece que no, sin perjuicio de que sea un principio esencial en las relaciones entre el Estado y los ciudadanos.

Y parece que no porque si lo conociera no haría o no debería hacer la propuesta hecha.

La amnistía fiscal que no es tal sino una regularización fiscal parcial "low cost" no resiste el más mínimo juicio ético además de ser una chapuza tal como fue articulada, pero la articuló el Estado, es decir fue legal, ante su incapacidad para controlar el fraude fiscal y por sus necesidades recaudatorias.

Recientemente, el Tribunal Supremo en Sentencia de 2 de octubre de 2014 ha puesto fin al litigio sobre la herencia del galardonado con el premio Nobel de Literatura, Camilo José Cela.

Fue un 17 de enero de 2002 cuando nos dejaba este escritor universal y uno de los grandes literatos del Siglo XX. Pero antes de su muerte, este genio de las letras escribiría, en el año 1991, una “novela” más que incorporar a su prolífico legado literario, aunque esta vez sería ante notario.

Mediante testamento, entre otras manifestaciones, fue recogido lo siguiente: “declara el testador que ha donado a su hijo el cuadro, al óleo, sin título pero conocido por El cuadro rasgado del que es autor el pintor Joan Miró y que éste había dedicado al testador como consta al dorso de dicho cuadro, por lo que reconociendo a su nombrado hijo como legitimario, nada le deja en este testamento, al ser voluntad del otorgante que con dicha donación, de incalculable valor, su hijo se dé por totalmente pagado de todos sus derechos en la herencia del testador”. Además “instituye heredera a su cónyuge”.

Martes, 30 Septiembre 2014 00:00

¡¡¡OJO EXPROPIADOS!!!

Interesante la reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de marzo de 2014 sobre la imputación temporal del beneficio derivado de una expropiación por parte de un organismo público.

El beneficio derivado de la expropiación, a juicio del Alto Tribunal, se sitúa cuando la Administración ocupó la finca y pagó, al menos parte del justiprecio. Y ello, sin perjuicio de que el expropiado recurra en la mayoría de las ocasiones el importe del justiprecio y el aumento del mismo, se abone en ejecución de sentencia posteriormente.

Tal como habíamos adelanto en este blog, algunos preceptos del actual régimen de operaciones vinculadas serían, o bien revisados por el Ejecutivo en la reforma fiscal o como en este caso ha acabado siendo, anulados por el Tribunal Supremo.

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