Bufete Delgado Lamet " Asociados - Abogados y Economistas - Sevilla

Spanish English French German

"Tiene un SMS de la Agencia Tributaria". Esto podrán ver en sus teléfonos móviles aquellos particulares que se adhieran a este sistema indicando su número de teléfono o dirección de correo electrónico en el lugar que ha habilitado para ello la AEAT en su web.

Las comunicaciones de la AEAT con los particulares se continuarán realizando por vía postal. La diferencia es que el ciudadano adscrito al nuevo sistema tiene la posibilidad de saber que recibirá una notificación de Hacienda en su vivienda.

Con este nuevo sistema se podrá evitar el segundo intento de notificación a realizar por el cartero y la pérdida del derecho a recurrir por parte del interesado al no recibir la notificación por que tras el segundo intento de notificación postal fue imposible la misma.

Por tanto una buena medida.

Tras la entrada en vigor de la nueva Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, desde el 2 de octubre de 2015 las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica (Asociaciones, Sociedades Civiles, Comunidades de Bienes) quedan obligadas a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas.

Esta relación electrónica con la Administración comprende tanto notificaciones como presentación de documentos y solicitudes, las cuales serán remitidas en todo caso de forma telemática a través del registro electrónico de la Agencia Tributaria.

El incumplimiento de esta obligación conlleva a una infracción tributaria con sanción de 250 euros.

Recientemente, se han publicado una serie de reformas tendentes a agilizar las comunicaciones entre los ciudadanos y Administraciones Publicas y adaptarse a las nuevas tecnologías a fin de favorecer una mayor dinamización y celeridad en los procesos y conflictos que surjan entre las partes, lo que, en teoría, debe permitir mejorar los tiempos de respuesta y de resolución.

Desde el día 1 de enero de 2016, cualquier procedimiento judicial que se inicie y/o se deba entender con determinados interlocutores, deberán desarrollarse y encauzarse en soporte digital, más allá de exigir la presentación simultánea en soporte físico papel para determinados supuestos. Nos referimos a las personas jurídicas, las entidades sin personalidad jurídica, quien ejerza una actividad profesional que requiere colegiación obligatoria en el ámbito de esa actuación profesional (entre ellos, los profesionales de la Justicia como Procuradores y Abogados), los notarios y registradores, los funcionarios de las Administraciones Públicas en los trámites que por razón de su cargo desempeñen y los representantes de aquéllos.

No hay vuelta atrás, este colectivo tiene la obligación de comunicarse electrónicamente con la Administración de Justicia, lo que exigirá un esfuerzo de adaptación en un brevísimo espacio de tiempo, cuyo resultado final dependerá de la disponibilidad de medios técnicos y personales que haya ido gestionando cada Administración Autonómica de Justicia.

Por lo que respecta a las personas físicas no están obligadas, pero podrán someterse voluntariamente a este sistema, si bien, en aquéllos procesos en los que la intervención del Procurador y/o Abogado resulte preceptiva, la interlocución digital se realizará por mediación de estos últimos.

En otro plano se encuentran el resto de Administraciones Públicas, resultando exigible este tipo de comunicación a partir del día 2 de octubre de 2016 para el mismo colectivo mencionado anteriormente, fecha en la surgirá de las “aguas” el expediente electrónico o digital.

La inercia de la Administración es conocida por todos y su aplicación y virtualidad práctica dependerá de la efectiva asignación de recursos. La suerte está echada o, siguiendo la locución latina tan conocida “alea jacta est”.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha fijado su criterio sobre uno de los asuntos más controvertidos que afecta al uso de material de terceros: insertar (o embeber según el termino adaptado del inglés) un vídeo en un sitio web no puede considerarse como comunicación pública y, por tanto, no viola los derechos de autor del dueño de dicho vídeo.

Según información de la web de El Mundo, la sentencia del alto Tribunal Europeo expone que insertar un vídeo o documento de otro sitio en una página web mediante la inclusión del código correspondiente no necesita la autorización del titular de los derechos del mismo, siempre y cuando el vídeo esté previamente a disposición del público. La sentencia proviene de una cuestión prejudicial enviada desde un juzgado de Alemania, en donde se dirime un caso de petición de retirada por parte de la compañía de filtros de agua de un vídeo publicitario de dos sitios web de agentes de venta de su competencia, en ambos casos trasladados desde YouTube.

Las cuotas de IVA que soporta un profesional que tiene instalado su despacho en su propia vivienda, por los servicios de telefonía( fija, móvil, internet) sin especificarse en la factura recibida de la compañía la parte que se corresponde a la actividad realizada o a sus necesidades privadas, no será deducible, ni siquiera parcialmente.

El Tribunal Constitucional dictó sentencia con fecha de 7 de octubre de 2013 en la cual concreta el alcance de la privacidad de los e-mails en el entorno laboral.

La sentencia del alto Tribunal establece que si bien el control empresarial de los medios informáticos de la empresa está fundamentado por la potestad de vigilancia del trabajador bajo el Estatuto de los Trabajadores, dicha facultad de control debe pasarun triple filtro de idoneidad, necesidad y proporcionalidad y a pesar que en algunas compañías toleran un uso personal del correo electrónico de sus empleados, hay que observar si los trabajadores tienen una expectativa de privacidad respecto a los mensajes recibidos y enviados por esta vía, siendo deber del empresario establecer los límites en cuanto al uso de dichas herramientas y debiendo definir si se permite o no un uso personal del correo electrónico de la empresa, a fin de que éstos puedan actuar conforme a la política de la empresa.

A pesar de que las entidades bancarias se esmeran en garantizar la seguridad de nuestros datos bancarios a la hora de operar en internet,  la pericia de los hackers informáticos les hace burlar dichos sistemas de seguridad y hacerse con nuestros datos bancarios, lo que nos produce en ocasiones sorpresas inesperadas.  Vamos a intentar en este artículo realizar una breve serie de recomendaciones a seguir en caso de que nos encontremos en nuestra cuenta un cargo “inesperado”.

La comunicación a la entidad bancaria de turno es muy relevante en este tipo de casos  ya que una de las principales obligaciones del titular de una tarjeta de crédito en caso de que se produzca una anomalía, por tanto deberemos comunicar con la mayor brevedad posible a la entidad emisora de la misma, el error producido para que ésta tome las diligencias oportunas. Una vez comunicada la incidencia a la entidad bancaria, asumiría los daños causados antes de la comunicación con el límite de 150 €, por lo que si la cantidad objeto de disputa es mayor de 150 € la entidad bancaria tendría que responder por el cargo que le hacen en su cuenta, con la excepción de si  el titular actuara con culpa grave o dolo.

El Juzgado de lo Penal número 5 de A Coruña ha absuelto a un imputado de cometer un delito contra la propiedad intelectual por vender discos y películas ilegales. La denuncia contra el acusado fue interpuesta por la SGAE y ADIVAN y fundamentan su denuncia en que al detenido se le incautaron un total de 120 CD y 40 DVD de copias ilegales en febrero de 2007, prueba irrefutable de un delito contra la propiedad intelectual, y reclama que éste pague por los derechos de autor del contenido de los mismos, solicitando hacia el "mantero" una indemnización de 220 € para la SGAE y 836 € para ADIVAN y un año de carcel, si bien la juzgadora entiende que:

"Ni la SGAE ni ADIVAN sufren perjuicio alguno por la venta ambulante de unos CD y DVD con unas características externas que evidencian una burda copia de CD y DVD originales".

Termina la sentencia diciendo que:

"No se puede atribuir el concepto de distribuidor o almacenador previsto en el Código Penal al último eslabón de esta cadena comercial, el vendedor al por menor de una mercancía que de otros recibe".

Rafael Lamet Moya

Muy diversos han sido los cambios producidos por la Ley 25/2009 de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (Más conocidas por todos como la LEY ÓMNIBUS). Desde cambios que afectan a la demarcación territorial de los procuradores a modificaciones en las leyes de costas o cazas por poner ejemplos diversos. Hoy nos centraremos en analizar los cambios que esta ley ha producido en la normativa referente a los sistemas de videovigilancia, a raíz de una nota informativa publicada por la Agencia Española de Protección de Datos.

Interesantisima noticia de la que se hace eco Público que transcribo a continuación:

Las autoridades de protección de datos de la Unión Europea (UE) persiguen que el gigante estadounidense de búsquedas en Internet acorte el período en que almacena las imágenes de su servicio web Street View para proteger la privacidad de las personas 'retratadas'. Lanzado en San Francisco en 2007, y estrenado en España un año después, Street View permite a los usuarios obtener una visión de 360 grados de calles, edificios, tráfico y personas, usando fotografías obtenidas por vehículos con cámaras de Google.

Página 1 de 2
Home Blog Mostrando artículos por etiqueta: Nuevas Tecnologías

Síguenos

Contacto

 

bufete2BUFETE DELGADO LAMET & ASOCIADS
Avda. Blas Infante, 6 - 11º. 41011. Sevilla

Tfno: 954 99 04 20 | Fax: 954 99 04 21
Correo: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Copyright © 2014 Bufete Delgado Lamet " Asociados - Abogados y Economistas - Sevilla. Todos los derechos reservados. Diseñado por JoomlArt.com. Diseño Web Sevilla. es software libre, liberado bajo la GNU General Public License.