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POR CARMEN CASTRO: Es bastante común que el propietario de una vivienda, la cual tiene alquilada, actúe de forma unilateral cambiando la cerradura que permite el acceso a la misma como inadecuada forma de resolución del contrato de arrendamiento.

Ahora bien, ¿Cómo se debe calificar esta conducta del arrendador?

El hecho de proceder al cambio de cerradura integra un delito de coacciones previsto en el artículo 172.1 del Código penal. Así queda reconocido también por la jurisprudencia del Tribunal Supremo afirmando que constituyen manifestaciones de este delito conductas de modificación de cosas materiales, como es el cambio de cerradura, realizadas con el fin de impedir a una persona el uso de un bien concreto sobre el cual tiene alguna clase de posesión, aunque sea una simple posesión de hecho. Insiste que para privar a una persona del uso de un inmueble que viene utilizando sin derecho alguno están previstos procedimientos civiles sumarios como interdictos, desahucios por precario, entre otros; sin necesidad de llegar a efectuar este acto.

Mientras el proyecto de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal establece, por primera vez, plazos para la instrucción penal, más breves que los plazos actuales del procedimiento de comprobación tributaria sin perjuicio de su posible prórroga a instancia del Ministerio Fiscal, el proyecto de ley de modificación de la Ley General Tributaria amplia los plazos del procedimiento de comprobación tributaria.

Será que es más sencillo determinar la posible existencia de "delitos" (incluyendo los de defraudación tributaria) que determinar la posible existencia de deudas tributarias y de infracciones tributarias.

Pero ello no es verosímil. Debe haber otras razones.

Jueves, 27 Noviembre 2014 00:00

NOTICIAS JURÍDICAS DESTACADAS NOVIEMBRE 2014

"El PSOE pide auditar la amnistía fiscal para detectar corruptos"

Expansión lunes 3 de noviembre de 2014, página 29.

¿Conoce Don Pedro Sánchez el principio de confianza legítima?

A la luz de su propuesta parece que no, sin perjuicio de que sea un principio esencial en las relaciones entre el Estado y los ciudadanos.

Y parece que no porque si lo conociera no haría o no debería hacer la propuesta hecha.

La amnistía fiscal que no es tal sino una regularización fiscal parcial "low cost" no resiste el más mínimo juicio ético además de ser una chapuza tal como fue articulada, pero la articuló el Estado, es decir fue legal, ante su incapacidad para controlar el fraude fiscal y por sus necesidades recaudatorias.

Para una mejor comprensión de la anulación de la Doctrina Parot por parte del Tribunal Eurpeo de Derechos Humanos, dejamos unas breves notas que han formado parte de nuestra intervención en Radio Giralda.

¿QUE ES LA DOCTRINA PAROT?

Esa doctrina se basa en un dictamen del Tribunal Supremo de febrero de 2006 por el que la ejecución de la totalidad de la condena comienza con las penas más graves y la reducción de penas por beneficios penitenciarios (trabajo, estudios,...) se aplican individualmente para cada una de ellas, y no sobre el máximo legal de permanencia en prisión (depende de cuando fue condenado pueden ser 30, 35 o 40 años). De este modo, una vez cumplida la pena más grave, se debe cumplir la siguiente, y así sucesivamente hasta el límite legal, lo que alarga la estancia en la cárcel evitando la posibilidad de que se le resten años de condena por los distintos beneficios concedidos.

En 2008 el Tribunal Constitucional refrendó dicho dictamen del Tribunal Supremo aunque modificó parcialmente esta Doctrina

En los últimos meses nos han llegado varios clientes preocupados con comunicaciones recibidas por parte de la empresa Trademark Publisher en la que solicitan una transferencia de 795 euros por la publicación de la marca de La UE, para el periodo 2013-2015.

Pues bien, para todos los que reciban esta comunicación ignórenla, no hagan nada y mucho menos ingresar dinero. Trademark Publisher es una que ya ha sido denunciada varias veces por estafa, pues envía a sus víctimas cartas personalizadas con el logotipo de la empresa a la que comunica la renovación (puede ser la suya) que parecen oficiales, y en ellas pide una transferencia por registrar la marca durante dos años en su base de datos, lo cual no tiene validez alguna en caso de disputa legal.

A pesar de que las entidades bancarias se esmeran en garantizar la seguridad de nuestros datos bancarios a la hora de operar en internet,  la pericia de los hackers informáticos les hace burlar dichos sistemas de seguridad y hacerse con nuestros datos bancarios, lo que nos produce en ocasiones sorpresas inesperadas.  Vamos a intentar en este artículo realizar una breve serie de recomendaciones a seguir en caso de que nos encontremos en nuestra cuenta un cargo “inesperado”.

La comunicación a la entidad bancaria de turno es muy relevante en este tipo de casos  ya que una de las principales obligaciones del titular de una tarjeta de crédito en caso de que se produzca una anomalía, por tanto deberemos comunicar con la mayor brevedad posible a la entidad emisora de la misma, el error producido para que ésta tome las diligencias oportunas. Una vez comunicada la incidencia a la entidad bancaria, asumiría los daños causados antes de la comunicación con el límite de 150 €, por lo que si la cantidad objeto de disputa es mayor de 150 € la entidad bancaria tendría que responder por el cargo que le hacen en su cuenta, con la excepción de si  el titular actuara con culpa grave o dolo.

Se cumple casi un año de la desaparición de Marta del Castillo y aún no ha aparecido el cuerpo de la víctima. La labor del juez instructor ya ha terminado y ahora los acusados se enfrentan a la siguiente fase del proceso donde esperan a conocer la  decisión el juez, pero ¿qué postura tomará éste siguiendo los antecedentes anteriormente dados?. Intentaremos aclarar que es lo que dice la legislación vigente, la postura de los tribunales y los antecedentes producidos en casos similares. El libro II del Código Penal (CP) en sus artículos 138 a 143 regula el homicidio y sus formas, incluyendo entre ellas el asesinato (art. 139 CP).

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