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El Tribunal Constitucional dictó sentencia con fecha de 7 de octubre de 2013 en la cual concreta el alcance de la privacidad de los e-mails en el entorno laboral.

La sentencia del alto Tribunal establece que si bien el control empresarial de los medios informáticos de la empresa está fundamentado por la potestad de vigilancia del trabajador bajo el Estatuto de los Trabajadores, dicha facultad de control debe pasarun triple filtro de idoneidad, necesidad y proporcionalidad y a pesar que en algunas compañías toleran un uso personal del correo electrónico de sus empleados, hay que observar si los trabajadores tienen una expectativa de privacidad respecto a los mensajes recibidos y enviados por esta vía, siendo deber del empresario establecer los límites en cuanto al uso de dichas herramientas y debiendo definir si se permite o no un uso personal del correo electrónico de la empresa, a fin de que éstos puedan actuar conforme a la política de la empresa.

Viernes, 05 Julio 2013 15:49

¡ATENCIÓN HUELGUISTAS!

Así es conocido el criterio de la Dirección General de Tributos de 8 de febrero de 2013.

El trabajador que se hizo huelga laboral y sus compañeros de trabajo le ayudaron con aportaciones económicas. Estas cantidades que recibió el trabajador en huelga tributan en el Impuesto sobre Donaciones y el obligado al pago del Impuesto es el propio trabajador.

Sobraba la consulta al ser un tema claro pero la Dirección podría haber tenido un poco de “corazón”.

En Sevilla a 14 de Junio de 2013

 

Fdo. Antonio M. Puntas Prado

Economista. Bufete Delgado-Lamet&Asociados

Recientemente el Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre un interesante caso que tenía como protagonistas a Raúl Baena, futbolista del RCD Espanyol y al FC Barcelona.

Baena, jugador nacido en Torrox (Málaga) es descubierto por los ojeadores del FC Barcelona cuando formaba parte de las categorías inferiores del Málaga CF e incorporado en 2002, con solo 14 años, a la cantera culé. Como suele ocurrir en este tipo de casos, los menores suelen firmar un contrato “tipo”  con las siguientes características. Se firma un contrato como “no profesional” valedero hasta 2010, con una penalización de 30.000 € en caso de que el jugador decidiera romperlo unilateralmente, al mismo tiempo se firma un precontrato como profesional que se haría efectivo para cuando alcance la mayoría de edad estableciéndose una indemnización de  tres millones de euros en caso de que dicho contrato no se firme.

En 2007, cuando el jugador cumple 18 años decide no firmar este contrato y deposita los 30.000 € que especificaba su clausula en un Notario para liberar su ficha y firma por el RCD Espanyol, lo que le lleva al FC Barcelona a demandar al futbolista solicitándole casi 3,5 millones por incumplimiento de contrato y cláusula penal resarcitoria, correspondiente a los 3 millones de euros establecidos en el pre-contrato firmado + el IPC.

Desgraciadamente es una situación que está sucediendo mucho en la España actual, nos referimos a las cantidades que se adeudan a muchos empleados por el concepto de sueldos y salarios así como a las indemnizaciones recocidas por el despido de los mismos , las cuales tampoco suelen ser satisfechas por la empresa en cuestión,  dada a su situación de insolvencia.

En primer lugar, en cuanto a la indemnización por despido, la misma se encuentra exenta del IRPF, ya sea abonada por la empresa o finalmente por el FOGASA. La exención tiene unos límites. El exceso que se perciba tributará en el empleado como rendimiento del trabajo.

Por tanto, la indemnización exenta no se incluiría en la declaración del IRPF.

Martes, 06 Noviembre 2012 15:26

DEFENSA JURÍDICA LABORAL E IRPF

En la actualidad, para aquellos contribuyentes que residen en Andalucía, existen dos medidas tributarias que permiten minorar, en cierta medida, la carga económica que supone recurrir a la asistencia jurídica para la defensa de sus intereses en los litigios con los pagadores de sus rendimientos del trabajo.

Por un lado, existe una reducción de los rendimientos íntegros del trabajo establecida en la Ley del IRPF por el importe de los gastos que se satisfagan por dicha defensa jurídica con un límite máximo de 300 euros, lo que puede suponer una minoración de la cuota del IRPF para 2012 de entre 72 y 168 euros.

Y por otro, desde 2012, existe una deducción autonómica por el importe de dichos gastos con el límite de 200 euros que se aplica directamente en la cuota autonómica del Impuesto.

Si bien no se trata de grandes cantidades en estos tiempos cuasi-confiscatorios, aliviará de alguna forma la factura impositiva para muchos contribuyentes.

Antonio Ragel

Abogado

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha entendido que una agresión a un jefe, empujandole para que pierda el equilibrio y lanzándo al aire patadas de karate, no es causa de despido ya que según el TSJ "no reviste la gravedad exigible para constituir causa de despido" porque hay que "conectar" las expresiones que utilizó con "la situación y el contexto en los que se encontraba", confirmando de esta manera la anterior sentencia del Juzgado de lo Social 4 de Granada.

Esta noticia que ha trascendido en varios medios de comunicación, realmente tiene su truco, ya que no se despide al trabajador por agredir a su superior, como se quiere hacer pensar en la mayoría de los titulares, si no que la agresión tiene lugar cuando lo están despidiendo, a lo que el trabajador reaccionó de mala manera (lo que, dicho sea de paso, nunca justifica una agresión), siendo este el motivo por el que la empresa, en una segunda carta remitida al trabajador por burofax al día siguiente, reforzó su decisión de despedirle al sumar a los motivos anteriores (disminución del rendimiento laboral y  la actitud del empleado, que consideró una falta muy grave). Es por ello por lo que el TSJA valora que "sin perjuicio de que el comportamiento del trabajador pudiera resultar acreedor de una sanción, que en su caso pueda imponerle el empresario, es lo cierto que no es adecuada la imposición de la sanción de despido, que es la más grave que existe en el ámbito laboral". Como apunta el diario económico Expansión, los juristas  consultados creen que esta decisión va en detrimento del poder de dirección del empresario, no mostrandose muy de acuerdo con la misma.

Rafael Lamet Moya

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